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  • Jornada 4×3: la Asamblea Legislativa concluye la votación de mociones y el proyecto avanza hacia primer debate

    Esta es una actualización de nuestra publicación anterior sobre el proyecto de jornada “4×3”. Se trata de una iniciativa que sigue en trámite legislativo: no es ley vigente ni modifica, por ahora, las obligaciones laborales de los patronos.

    ¿Qué pasó esta semana?

    El Plenario de la Asamblea Legislativa concluyó, el jueves 17 de septiembre de 2026, la votación de todas las mociones presentadas al expediente N.° 24.290, el proyecto de ley que crearía la jornada excepcional conocida como “4×3”. Según medios nacionales, se procesaron en total 5.121 mociones (2.564 mociones de fondo y 2.557 mociones de revisión), lo que mantuvo al Plenario en sesiones extraordinarias durante varias semanas, incluyendo jornadas matutinas y vespertinas.

    Consultas a instituciones rechazadas

    Durante la votación, la fracción oficialista rechazó dos mociones que proponían someter el proyecto a consulta de distintas instituciones, entre ellas el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Consejo de Salud Ocupacional, el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Azofras, la Cámara de Industrias, el Colegio de Profesionales en Psicología y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

    Próximos pasos en el trámite

    Con la etapa de mociones agotada, el texto actualizado del proyecto se publicará en el Diario Oficial La Gaceta. Corresponde ahora al Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa rendir un informe sobre las consultas de trámite obligatorio. Una vez cumplido ese paso, la Presidencia del Congreso definirá la fecha para iniciar la discusión de fondo y, eventualmente, la votación en primer debate.

    Qué deben considerar las empresas mientras tanto

    Mientras el proyecto no complete su trámite legislativo (incluyendo un eventual primer y segundo debate, y el control de constitucionalidad ante la Sala Constitucional), las jornadas de trabajo, los límites de horas extra y las condiciones de descanso continúan rigiéndose por el Código de Trabajo vigente. Se recomienda a las empresas dar seguimiento al expediente 24.290 antes de anunciar o planificar cambios en los horarios de su personal, y evaluar con anticipación el eventual impacto en planillas, control de asistencia y cotizaciones a la CCSS si la jornada 4×3 llegara a aprobarse.

    En HG Sertricon damos seguimiento a este expediente y a su eventual impacto en la gestión laboral y de nómina de las empresas. Si tiene dudas sobre cómo prepararse ante un posible cambio de jornada, contáctenos.

  • Hacienda plantea reestructurar sus áreas legales para agilizar el cobro judicial de impuestos

    El Ministerio de Hacienda puso en consulta interna, entre sus propios funcionarios, una propuesta para reorganizar las 18 áreas legales que actualmente están dispersas en distintas dependencias del Ministerio y concentrarlas en una sola Dirección Jurídica. El anuncio fue reportado el 17 de septiembre de 2026 por medios como La Nación, Delfino.cr, El Financiero CR, La República y El Observador CR.

    ¿Qué se anunció?

    La propuesta busca corregir problemas detectados en la gestión del cobro judicial de tributos: baja capacidad para tramitar los procesos, procedimientos dispersos, flujos de trabajo fragmentados y duplicación de funciones entre las distintas áreas legales del Ministerio. Según lo reportado, actualmente hay más de 770.000 casos en fase de cobro judicial, muchos de ellos con más de cinco años en trámite. La iniciativa responde, además, a recomendaciones del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) y de la OCDE, orientadas a que el Ministerio de Hacienda cuente con una sola voz legal y criterios unificados.

    ¿Qué implicaría el cambio?

    De concretarse, la reestructuración implicaría la reubicación de alrededor de 200 abogados que hoy están distribuidos en las distintas áreas legales, con el objetivo declarado de fortalecer las áreas de recaudación y agilizar los expedientes de cobro judicial, además de unificar los criterios jurídicos que aplica la Administración Tributaria.

    Estado del proceso

    Por el momento, la propuesta se encuentra en fase de consulta interna con el personal del Ministerio. Una vez concluido ese período, Hacienda deberá analizar las observaciones recibidas y remitir la propuesta a Mideplán para su análisis dentro del proceso de reorganización administrativa. Es decir, se trata todavía de un planteamiento en discusión y no de un decreto o resolución en firme; por eso, hasta el momento no existe un número de decreto ni una fecha de entrada en vigencia que citar.

    Qué deben considerar las empresas

    Para las empresas y personas contribuyentes con procesos de cobro judicial abiertos frente a la Administración Tributaria, esta reorganización es una señal de que Hacienda busca agilizar y unificar la gestión de esos expedientes. Es un buen momento para revisar el estado de deudas tributarias pendientes, verificar si existen procesos de cobro judicial en curso y valorar, cuando corresponda, arreglos de pago u otras gestiones antes de que los procesos avancen con mayor celeridad.

    En HG Sertricon damos seguimiento a esta y otras novedades de la Administración Tributaria. Si su empresa tiene deudas tributarias pendientes o procesos de cobro en curso, contáctenos para revisar su situación.

  • Jornada 4×3 en Costa Rica: el proyecto de ley se acerca a primer debate en la Asamblea Legislativa

    Es importante aclarar que esta iniciativa se encuentra en trámite legislativo. Actualmente no es ley vigente ni modifica las obligaciones laborales de los patronos.

    El proyecto de ley que crearía la jornada excepcional conocida como “4×3” (expediente N.° 24.290) se encuentra en la recta final de la discusión de mociones en el Plenario de la Asamblea Legislativa, como paso previo a la votación en primer debate.

    ¿Qué propone el proyecto?

    La iniciativa permitiría que, de forma voluntaria, una persona trabajadora labore cuatro días a la semana en jornadas de hasta 12 horas diarias, a cambio de tres días consecutivos de descanso. El cambio de jornada sería opcional: si la persona trabajadora rechaza acogerse a esta modalidad, el patrono no podría despedirla sin responsabilidad patronal únicamente por esa negativa. El proyecto excluye su aplicación a labores pesadas, peligrosas o insalubres, y a actividades con tiempos de exposición ambiental nocivos.

    Exclusión del sector público

    Los diputados aprobaron una moción que excluye a las personas trabajadoras del sector público de la jornada 4×3. De mantenerse esta exclusión en el texto final, la modalidad quedaría concentrada en determinadas actividades del sector privado.

    ¿En qué etapa se encuentra?

    Según reportes de medios especializados en cobertura legislativa, al 11 de setiembre de 2026 el Plenario había resuelto 1.774 mociones de fondo y 2.201 mociones de revisión del expediente, quedando pendientes alrededor de 341 revisiones antes de cerrar la discusión de fondo. Una vez agotadas las revisiones, corresponderían las consultas de rigor y la votación en primer debate. De aprobarse, el expediente pasaría a control de constitucionalidad ante la Sala Constitucional, proceso que podría extenderse entre dos y tres meses adicionales.

    Qué deben considerar las empresas mientras tanto

    Mientras el proyecto no complete su trámite y entre en vigencia, las jornadas de trabajo, los límites de horas extra y las condiciones de descanso siguen rigiéndose por el Código de Trabajo vigente. Se recomienda a las empresas dar seguimiento al expediente antes de anunciar o implementar cambios en los horarios de su personal, y evaluar con anticipación el eventual impacto en planillas, control de asistencia y cotizaciones a la CCSS si la jornada 4×3 llegara a aprobarse.

    En HG Sertricon damos seguimiento a este expediente y a su eventual impacto en la gestión laboral y de nómina de las empresas. Si tiene dudas sobre cómo prepararse ante un posible cambio de jornada, contáctenos.

  • Hacienda amplía a 181 los servicios digitales sujetos a IVA: ChatGPT, Claude, TikTok y Booking entre las nuevas incorporaciones

    El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Tributación (DGT), amplió el registro de proveedores e intermediarios de servicios digitales transfronterizos sujetos al cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Mediante la resolución MH-DGT-OF-0592-2026, el listado pasó de 161 a 181 proveedores e intermediarios, con efecto práctico a partir del 8 de setiembre de 2026.

    ¿Qué cambió?

    Entre las 20 nuevas incorporaciones al registro se encuentran plataformas de inteligencia artificial, redes sociales, servicios de almacenamiento en la nube y herramientas digitales de uso frecuente tanto para consumidores como para empresas. Según la resolución, entre los nuevos nombres incluidos están ChatGPT, Claude AI, Grok, TikTok, Booking.com, Expedia, Canva, Dropbox, Zoom y servicios vinculados a PlayStation Network, entre otros.

    ¿Cómo se cobra el IVA en estos casos?

    El 13% de IVA correspondiente a estos servicios se percibe de dos formas, dependiendo de la situación del proveedor extranjero ante la Administración Tributaria:

    • Cobro directo: cuando el proveedor o intermediario se registra como contribuyente de IVA en Costa Rica, debe identificar cuándo el servicio es consumido en el país, cobrar el impuesto al cliente y posteriormente declararlo y pagarlo a Hacienda.
    • Percepción por el emisor de la tarjeta: cuando el proveedor no está registrado como contribuyente, la entidad emisora de la tarjeta de crédito o débito utilizada para pagar el servicio percibe el 13% y lo traslada a Hacienda.

    A modo de ejemplo, una suscripción con un costo de ₡10.000 antes de impuestos quedaría en ₡11.300 una vez aplicado el 13% de IVA.

    Implicaciones prácticas para empresas y consumidores

    Para las empresas que utilizan estos servicios digitales como parte de su actividad económica y cumplen los requisitos tributarios correspondientes, el IVA pagado podría utilizarse como crédito fiscal, por lo que el impuesto no necesariamente representa un costo definitivo. Para el consumidor final, en cambio, el 13% sí implica un incremento directo en el desembolso por el servicio.

    Se recomienda a las empresas revisar sus suscripciones y pagos recurrentes a proveedores extranjeros de servicios digitales para identificar cuáles quedaron incluidas en el listado actualizado, ajustar sus registros contables y confirmar que el IVA pagado se documente correctamente para efectos de crédito fiscal.

    Cabe destacar que el registro de servicios digitales transfronterizos no es estático: Hacienda tiene la potestad de actualizarlo periódicamente para incorporar nuevos proveedores o excluir a quienes se inscriban voluntariamente como contribuyentes en Costa Rica.

    Si su empresa tiene dudas sobre cómo esta actualización afecta sus pagos a proveedores digitales extranjeros o sobre el tratamiento del IVA como crédito fiscal, en HG Sertricon podemos ayudarle a revisar su situación. Contáctenos para una asesoría personalizada.

  • Prezzi di Trasferimento in Costa Rica: cosa devono sapere i gruppi multinazionali

    La Costa Rica dispone di un regime formale in materia di prezzi di trasferimento dal 2016, quando l’articolo 81 bis è stato aggiunto alla Legge sull’Imposta sul Reddito (Ley del Impuesto sobre la Renta, Legge n. 7092) e ulteriormente sviluppato tramite il Decreto Esecutivo n. 37898-H. Per i gruppi multinazionali con una controllata, una filiale o un’entità correlata in Costa Rica, questo regime non è una questione teorica: incide direttamente sul modo in cui le transazioni infragruppo vengono determinate, documentate e difese davanti all’Amministrazione Tributaria.

    Chi è interessato

    Il regime si applica a qualsiasi contribuente che effettui transazioni con parti correlate, sia nazionali che transfrontaliere. Il concetto di “correlazione” è definito in modo ampio e include rapporti di proprietà o controllo diretti e indiretti, gestione comune, e transazioni con entità situate in giurisdizioni considerate a fiscalità privilegiata o non cooperative. Anche le imprese operanti nel Regime di Zona Franca sono soggette a queste regole ogni volta che effettuano transazioni con parti correlate, inclusa la propria casa madre estera.

    Il principio di libera concorrenza (arm’s length)

    La Costa Rica segue le Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento come quadro interpretativo. Il requisito fondamentale è che le transazioni tra parti correlate siano determinate come se fossero avvenute tra parti indipendenti in circostanze comparabili — il principio di libera concorrenza.

    I metodi riconosciuti sono gli stessi cinque accettati a livello internazionale:

    • Metodo del confronto di prezzo (CUP).
    • Metodo del prezzo di rivendita.
    • Metodo del costo maggiorato.
    • Metodo del margine netto della transazione (TNMM) — il più utilizzato nella prassi.
    • Metodo di ripartizione degli utili.

    La scelta del metodo appropriato richiede un’analisi funzionale della transazione: quale entità svolge quali funzioni, utilizza quali beni e assume quali rischi (analisi FAR), e, quando sono coinvolti beni immateriali, una valutazione delle funzioni DEMPE (sviluppo, miglioramento, mantenimento, protezione e sfruttamento).

    Obblighi documentali

    I contribuenti le cui transazioni con parti correlate superano le soglie stabilite dall’Amministrazione Tributaria devono predisporre uno Studio sui Prezzi di Trasferimento (generalmente organizzato come Local File e, per i gruppi che superano le soglie rilevanti, anche un Master File) che dimostri la coerenza dei prezzi applicati con il principio di libera concorrenza. Questa documentazione deve essere disponibile su richiesta e, nella pratica, è ciò che protegge l’impresa in caso di verifica fiscale.

    Inoltre, i contribuenti che superano le soglie applicabili devono presentare il Modulo D-273, la dichiarazione informativa annuale sui prezzi di trasferimento, comunicando all’Amministrazione Tributaria le transazioni con parti correlate.

    Importante

    Non disporre di uno Studio sui Prezzi di Trasferimento non significa che un’impresa sia esente dal principio di libera concorrenza — significa solo che l’impresa non ha documentazione per difendere i propri prezzi qualora l’Amministrazione Tributaria li contesti. L’obbligo di determinare correttamente le transazioni esiste indipendentemente dalla predisposizione dello studio.

    Transazioni infragruppo comunemente verificate

    Tipo di transazioneAspetto tipicamente verificato
    Servizi infragruppo (management fee, servizi condivisi)Se il servizio è stato effettivamente reso e se il corrispettivo riflette il beneficio ricevuto
    Finanziamenti infragruppo (prestiti, cash pooling)Se il tasso di interesse è coerente con le condizioni di mercato per un mutuatario comparabile
    Acquisto o vendita di beni tra parti correlateSe il prezzo è coerente con transazioni comparabili tra parti indipendenti
    Uso o trasferimento di beni immateriali (marchi, tecnologia, know-how)Quale entità svolge le funzioni DEMPE e ha quindi diritto al relativo rendimento
    Accordi di lavorazione per conto terzi (toll manufacturing)Se il corrispettivo riflette le funzioni e i rischi limitati assunti dall’entità costaricana

    Rischi in caso di non conformità

    Quando l’Amministrazione Tributaria determina che una transazione infragruppo non è stata prezzata secondo il principio di libera concorrenza, può rettificare di conseguenza il reddito imponibile del contribuente, aumentando generalmente il debito fiscale e potendo comportare sanzioni e interessi. Poiché queste rettifiche riguardano spesso transazioni effettuate in esercizi precedenti, l’esposizione può accumularsi in modo significativo se la politica dei prezzi è stata applicata in modo costante — ma scorretto — per diversi periodi fiscali.

    • Rettifiche al reddito imponibile, con conseguente imposta aggiuntiva dovuta.
    • Sanzioni per presentazione tardiva o incompleta del Modulo D-273.
    • Sanzioni per mancata presentazione della documentazione su richiesta.
    • Rischio di doppia imposizione, quando la rettifica costaricana non è accompagnata da una corrispondente rettifica nella giurisdizione della controparte.

    Raccomandazioni pratiche

    • Verificare se le attuali transazioni infragruppo con l’entità costaricana superano le soglie che generano obblighi documentali e dichiarativi.
    • Mantenere lo Studio sui Prezzi di Trasferimento aggiornato annualmente, riflettendo eventuali cambiamenti nelle funzioni, nei beni o nei rischi assunti dall’entità costaricana.
    • Allineare la politica dei prezzi di trasferimento alla catena del valore complessiva del gruppo — una politica corretta a livello globale ma non correttamente riflessa a livello locale è una causa frequente di contestazioni.
    • Coordinare l’analisi dei prezzi di trasferimento con i team contabile e fiscale, affinché la fatturazione infragruppo corrisponda a quanto effettivamente supportato dallo studio.
    • Anticipare la possibile esposizione a doppia imposizione e valutare, quando rilevante, se una Procedura Amichevole (MAP) o un Accordo Preventivo sui Prezzi (APA) possano essere appropriati per transazioni ricorrenti significative.

    Conclusione

    Per un gruppo multinazionale, i prezzi di trasferimento in Costa Rica non sono un adempimento gestito in modo indipendente dalla controllata locale — sono un’estensione diretta del modo in cui il gruppo determina le transazioni infragruppo ovunque nel mondo. Le funzioni, i beni e i rischi dell’entità costaricana devono essere correttamente riflessi sia nella politica globale dei prezzi di trasferimento sia nella documentazione locale che la supporta.

    La protezione più efficace in una verifica sui prezzi di trasferimento non consiste semplicemente nell’avere uno studio agli atti, ma nell’avere uno studio che rifletta accuratamente ciò che l’entità costaricana svolge realmente, in coerenza con la catena del valore globale del gruppo.

    Fonti principali

    Questa pubblicazione si basa principalmente sull’articolo 81 bis della Legge sull’Imposta sul Reddito (Legge n. 7092), sul Decreto Esecutivo n. 37898-H, sulle Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali, e sulla dichiarazione informativa Modulo D-273 emessa dalla Direzione Generale delle Imposte.

    Avviso professionale: questa pubblicazione ha carattere generale e non sostituisce l’analisi legale, contabile e tributaria delle circostanze specifiche di ciascun contribuente.

    In HG Sertricon supportiamo i gruppi multinazionali nell’allineare la propria politica sui prezzi di trasferimento ai requisiti costaricani. Se il vostro gruppo ha una controllata o un’entità correlata in Costa Rica, contattateci.

    English version here.

  • Nazionalizzazione di beni acquistati localmente da imprese di Zona Franca in Costa Rica

    Le imprese operanti nel Regime di Zona Franca in Costa Rica possono acquistare determinati beni sul mercato locale avvalendosi delle esenzioni fiscali previste dalla Legge n. 7210 e dal relativo regolamento. Tuttavia, tale beneficio fiscale non significa che tali beni possano successivamente essere destinati liberamente al mercato nazionale senza valutarne le conseguenze fiscali.

    Quando un bene acquistato localmente con esenzione cessa di essere destinato al regime, oppure si intende disporne in condizioni che comportano la sua immissione nel mercato nazionale, può essere necessario liquidare le imposte originariamente non versate.

    Nella prassi, questo processo viene generalmente definito “nazionalizzazione” dei beni acquistati localmente.

    Perché esiste questa procedura

    Il Regime di Zona Franca consente ai propri beneficiari di acquistare determinati beni e servizi a condizioni fiscali speciali. La Legge n. 7210 riconosce importanti esenzioni per i beni necessari all’operatività delle imprese aderenti al regime, mentre il relativo regolamento disciplina gli acquisti effettuati sul mercato locale.

    Il punto fondamentale è che l’esenzione è collegata alla destinazione autorizzata del bene.

    Per questo motivo, quando tale destinazione cambia, non si dovrebbe presumere che l’esenzione originaria rimanga automaticamente valida.

    Lo stesso regolamento della Legge sul Regime di Zone Franche stabilisce che l’uso improprio di materie, merci o servizi esenti consente al Ministero delle Finanze di procedere alla liquidazione dei tributi non versati, oltre a esercitare le altre azioni previste dall’ordinamento giuridico.

    Non ogni acquisto locale richiede una nazionalizzazione

    Questo è probabilmente il punto più importante.

    Prima di avviare qualsiasi pratica, è necessario determinare come è stato acquisito il bene e cosa si intende farne.

    Non sono equivalenti le seguenti situazioni:

    • Vendere un bene in Costa Rica.
    • Trasferirlo a un’altra impresa beneficiaria del Regime.
    • Esportarlo.
    • Distruggerlo.
    • Restituirlo a un fornitore.
    • Dismettere inventario.
    • Disporre di un bene completamente ammortizzato.
    • Oppure disporre di un bene originariamente acquistato pagando tutte le imposte.

    Ad esempio, se il bene è stato acquistato localmente senza utilizzare un’esenzione, in linea di principio non vi sarebbero imposte originariamente esentate da liquidare in relazione a tale acquisto.

    Per questo motivo, la prima domanda non dovrebbe essere “come nazionalizziamo il bene?”, bensì:

    Questo bene è stato effettivamente acquisito utilizzando un’agevolazione fiscale, e qual è il trattamento giuridico applicabile al modo in cui ora intendiamo disporne?

    Questa distinzione evita liquidazioni non necessarie e, allo stesso tempo, riduce il rischio di disporre in modo scorretto di beni che restano soggetti al regime.

    Cosa verificare prima di presentare la richiesta

    Una revisione adeguata dovrebbe ricostruire almeno quattro elementi.

    • Origine del bene. Occorre identificare la fattura originale, il fornitore, la data di acquisto e il meccanismo utilizzato per applicare l’esenzione.
    • Beneficio fiscale ricevuto. Occorre determinare quale imposta o imposte non siano state versate originariamente.
    • Situazione attuale. Occorre stabilire se il bene rimane in inventario, è ancora un’immobilizzazione, è stato ammortizzato, è danneggiato, oppure sarà venduto, trasferito, distrutto o destinato a un altro uso.
    • Destinazione proposta. La conseguenza fiscale può variare sostanzialmente a seconda di ciò che accadrà al bene.

    Questa ricostruzione documentale è particolarmente importante perché le imprese di Zona Franca hanno obblighi specifici di controllo sui beni che beneficiano di esenzioni. L’articolo 19 della Legge n. 7210 richiede di mantenere registri delle operazioni relative a tali beni e di consentirne la verifica da parte delle autorità competenti.

    Come si gestisce attualmente la pratica

    Secondo le informazioni divulgate da PROCOMER e la normativa vigente della Direzione Generale delle Imposte (Dirección General de Tributación), la gestione avviene attualmente tramite l’Ufficio Virtuale del Sistema di Amministrazione Tributaria, TRIBU-CR.

    La pratica corrisponde alla:

    “Richiesta di verifica della liquidazione delle imposte esentate sugli acquisti locali.”

    La Risoluzione n. MH-DGT-RES-0018-2025, emessa dalla Direzione Generale delle Imposte, ha stabilito le linee guida per la presentazione di richieste, istanze e quesiti tributari tramite TRIBU-CR, sostituendo il precedente schema basato su TRAVI. La risoluzione è entrata in vigore con l’attivazione di TRIBU-CR nell’ottobre 2025.

    Ciò è rilevante perché esistono ancora documenti e riferimenti storici che menzionano TRAVI. Per le pratiche attuali occorre sempre verificare il canale vigente e non utilizzare automaticamente istruzioni precedenti.

    Cosa verifica l’Amministrazione Tributaria in questa procedura

    La pratica non dovrebbe essere intesa come una semplice autorizzazione a ritirare un bene dal regime.

    Il suo scopo è consentire all’Amministrazione Tributaria di verificare la liquidazione delle imposte originariamente esentate, quando applicabile.

    A seconda del caso, l’Amministrazione può quindi richiedere documentazione idonea a comprovare:

    • L’acquisizione originale.
    • L’esenzione applicata.
    • L’identificazione del bene.
    • L’imposta originariamente non versata.
    • La base utilizzata per effettuare la liquidazione.
    • La destinazione prevista per il bene.
    • E qualsiasi altro elemento necessario a validare il calcolo.

    La documentazione dovrebbe essere preparata prima di presentare la richiesta, e non ricostruita solo dopo una contestazione da parte dell’Amministrazione.

    Un bene completamente ammortizzato smette di generare imposte con la nazionalizzazione?

    Non necessariamente.

    Uno degli errori più frequenti è presumere che un bene completamente ammortizzato in contabilità possa essere ritirato dal regime senza conseguenze fiscali.

    L’ammortamento contabile e la determinazione delle imposte legate a un’esenzione seguono regole diverse.

    Avvertenza importante

    Il fatto che il valore contabile sia pari a zero non consente di concludere, da solo, che anche l’importo delle imposte da liquidare sia pari a zero.

    Occorre analizzare la norma applicabile al bene, il beneficio originariamente utilizzato e la metodologia appropriata per determinare l’obbligazione tributaria.

    Cosa succede se il bene viene venduto in Costa Rica

    Qui occorre distinguere tra due situazioni che vengono spesso confuse.

    Una cosa è la vendita al mercato locale di merci provenienti direttamente dal Regime di Zona Franca, per la quale esistono procedure doganali specifiche.

    Un’altra cosa è la dismissione di un bene originariamente acquistato localmente con esenzione.

    Il regolamento stabilisce che le vendite di beni da Zona Franca al territorio doganale nazionale sono soggette ai tributi e alle procedure proprie di un’importazione e, se applicabile, richiedono dichiarazioni doganali di uscita dal regime e di importazione definitiva.

    Tuttavia, tale regola non deve essere applicata automaticamente a tutti gli acquisti locali esentati. Il percorso corretto dipende dall’origine del bene e dall’operazione che si intende realizzare.

    Sei domande da rispondere prima di nazionalizzare

    Da un punto di vista di controllo tributario e di Zona Franca, prima di presentare una richiesta conviene rispondere a:

    1. Il bene è stato effettivamente acquisito con esenzione?
    2. Quale imposta o imposte sono state esentate?
    3. Il bene è correttamente identificato nei registri di Zona Franca e in contabilità?
    4. Cosa si intende fare esattamente con esso?
    5. Esiste una procedura alternativa applicabile — esportazione, trasferimento, distruzione o altro — invece della nazionalizzazione?
    6. La liquidazione preparata può essere riconciliata con la fattura originale, i registri contabili e i controlli del regime?

    Se una di queste risposte non è chiara, è opportuno chiarirla prima di presentare la pratica.

    Rischi spesso trascurati

    Il rischio di una nazionalizzazione errata non si limita all’importo dell’imposta.

    Può anche generare incoerenze tra:

    Contabilità ↔ registro cespiti ↔ inventario ↔ controllo beni esentati ↔ PROCOMER ↔ Amministrazione Tributaria.

    Questa mancanza di coerenza può emergere successivamente in una verifica fiscale, in una revisione di PROCOMER, in un audit finanziario o persino in un processo di due diligence.

    Per questo motivo, il fascicolo dovrebbe conservare non solo la richiesta presentata all’Amministrazione, ma anche la documentazione che spiega perché si è concluso che quella fosse la procedura corretta.

    Un controllo semplice può prevenire una futura contingenza

    Una buona pratica consiste nel mantenere un registro dedicato ai beni acquisiti in esenzione, che identifichi almeno i seguenti campi:

    Data di acquistoFornitoreFatturaDescrizioneN. cespite o matricolaImposta esentataUbicazioneStato attualeDestinazione finaleDocumento di liquidazione

    Ciò facilita notevolmente qualsiasi successivo processo di dismissione, nazionalizzazione, distruzione o trasferimento.

    Consente inoltre di dimostrare che l’impresa mantiene il controllo richiesto sui beni che beneficiano del regime.

    Conclusione

    La nazionalizzazione di beni acquistati localmente da un’impresa di Zona Franca non dovrebbe essere vista come una semplice formalità amministrativa.

    La procedura inizia molto prima di accedere a TRIBU-CR.

    Occorre prima confermare che il bene sia stato effettivamente acquisito utilizzando un’esenzione, determinare esattamente quale beneficio fiscale sia stato ricevuto e stabilire quale sarà la sua nuova destinazione.

    Solo successivamente si dovrebbe preparare la relativa liquidazione e presentare alla Direzione Generale delle Imposte la “Richiesta di verifica della liquidazione delle imposte esentate sugli acquisti locali”, seguendo le procedure attualmente in vigore su TRIBU-CR.

    La migliore prassi è mantenere una tracciabilità completa tra la fattura originale, l’esenzione, la registrazione del bene, la contabilità e la sua destinazione finale.

    In Zona Franca, la tracciabilità non termina con l’acquisizione del bene: termina quando è possibile dimostrare correttamente quale sia stata la sua destinazione finale e quale trattamento fiscale sia stato applicato.

    Fonti principali

    Questa pubblicazione si basa principalmente sulla Legge sul Regime di Zone Franche n. 7210, sul relativo regolamento, sulla normativa emessa dalla Direzione Generale delle Imposte in relazione a TRIBU-CR, e sulla Risoluzione n. MH-DGT-RES-0018-2025.

    Avviso professionale: questa pubblicazione ha carattere generale e non sostituisce l’analisi legale, contabile e tributaria delle circostanze specifiche di ciascun contribuente.

    In HG Sertricon seguiamo costantemente la normativa applicabile al Regime di Zona Franca in Costa Rica. Per qualsiasi dubbio su come applicare questi criteri nella vostra impresa, contattateci.

    English version here · Versión en español qui.

  • Transfer Pricing in Costa Rica: What Multinational Groups Need to Know

    Costa Rica has had a formal transfer pricing regime since 2016, when Article 81 bis was added to the Income Tax Law (Ley del Impuesto sobre la Renta, Law No. 7092) and further developed through Executive Decree No. 37898-H. For multinational groups with a subsidiary, branch or related entity in Costa Rica, this regime is not a theoretical concern — it directly affects how intercompany transactions are priced, documented and defended before the Tax Administration.

    Who is affected

    The regime applies to any taxpayer that carries out transactions with related parties, whether domestic or cross-border. “Related” is defined broadly and includes direct and indirect ownership or control relationships, common management, and transactions with entities located in jurisdictions considered low- or no-tax (non-cooperative jurisdictions). Companies operating under the Free Trade Zone Regime are also subject to these rules whenever they transact with related parties, including their own foreign parent company.

    The arm’s length principle

    Costa Rica follows the OECD Transfer Pricing Guidelines as an interpretive framework. The core requirement is that transactions between related parties must be priced as if they had taken place between independent parties under comparable circumstances — the arm’s length principle.

    The methods recognized are the same five accepted internationally:

    • Comparable Uncontrolled Price (CUP).
    • Resale Price Method.
    • Cost Plus Method.
    • Transactional Net Margin Method (TNMM) — the most commonly used in practice.
    • Profit Split Method.

    Selecting the appropriate method requires a functional analysis of the transaction: which entity performs which functions, uses which assets, and assumes which risks (the FAR analysis), and, where intangibles are involved, an assessment of DEMPE functions (development, enhancement, maintenance, protection and exploitation).

    Documentation requirements

    Taxpayers whose related-party transactions exceed the thresholds set by the Tax Administration must keep a Transfer Pricing Study (commonly organized as a Local File, and, for groups meeting the relevant thresholds, a Master File) demonstrating that the pricing applied is consistent with the arm’s length principle. This documentation must be available upon request and, in practice, is what protects the company during a tax audit.

    In addition, taxpayers meeting the applicable thresholds must file Form D-273, the annual informative transfer pricing return, disclosing related-party transactions to the Tax Administration.

    Important

    Not having a Transfer Pricing Study does not mean a company is exempt from the arm’s length principle — it only means the company has no documentation to defend its pricing if the Tax Administration challenges it. The obligation to price transactions correctly exists regardless of whether the study has been prepared.

    Common intercompany transactions under review

    Transaction typeTypical issue reviewed
    Intercompany services (management fees, shared services)Whether the service was actually rendered and whether the fee reflects the benefit received
    Intercompany financing (loans, cash pooling)Whether the interest rate is consistent with market conditions for a comparable borrower
    Purchase or sale of goods between related entitiesWhether the price is consistent with comparable transactions between independent parties
    Use or transfer of intangibles (brands, technology, know-how)Which entity performs the DEMPE functions and is therefore entitled to the related return
    Toll manufacturing / contract manufacturing arrangementsWhether the remuneration reflects the limited functions and risks assumed by the Costa Rican entity

    Risks of non-compliance

    When the Tax Administration determines that an intercompany transaction was not priced at arm’s length, it can adjust the taxpayer’s taxable income accordingly, which typically increases the tax liability and can trigger penalties and interest. Because these adjustments often relate to transactions carried out in prior years, the exposure can accumulate significantly if the pricing policy has been applied consistently — and incorrectly — across several fiscal periods.

    • Adjustments to taxable income, resulting in additional tax due.
    • Penalties for late or incomplete filing of Form D-273.
    • Penalties for failing to provide documentation upon request.
    • Double taxation risk, when the Costa Rican adjustment is not mirrored by a corresponding adjustment in the counterparty jurisdiction.

    Practical recommendations

    • Review whether the group’s current related-party transactions with the Costa Rican entity exceed the thresholds that trigger documentation and filing obligations.
    • Keep the Transfer Pricing Study updated annually, reflecting any change in functions, assets or risks assumed by the Costa Rican entity.
    • Align the transfer pricing policy with the group’s overall value chain — a policy that is correct globally but not properly reflected locally is a common source of disputes.
    • Coordinate the transfer pricing analysis with the accounting and tax teams so that intercompany invoicing matches what the study actually supports.
    • Anticipate potential double taxation exposure and evaluate, where relevant, whether a Mutual Agreement Procedure (MAP) or an Advance Pricing Agreement (APA) could be appropriate for significant recurring transactions.

    Conclusion

    For a multinational group, transfer pricing in Costa Rica is not a compliance checkbox handled independently by the local subsidiary — it is a direct extension of how the group prices intercompany transactions everywhere else. The Costa Rican entity’s functions, assets and risks need to be properly reflected both in the global transfer pricing policy and in the local documentation that supports it.

    The strongest protection in a transfer pricing audit is not simply having a study on file, but having a study that accurately reflects what the Costa Rican entity actually does, consistent with the group’s global value chain.

    Main sources

    This publication is based primarily on Article 81 bis of the Income Tax Law (Ley No. 7092), Executive Decree No. 37898-H, the OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, and the informative return Form D-273 issued by the Dirección General de Tributación.

    Professional notice: This publication is general in nature and does not replace the legal, accounting and tax analysis of each taxpayer’s specific circumstances.

    At HG Sertricon we support multinational groups in aligning their transfer pricing policy with Costa Rican requirements. If your group has a subsidiary or related entity in Costa Rica, contact us.

    Versione italiana disponibile qui.

  • Nationalizing Locally Purchased Assets: Considerations for Costa Rican Free Trade Zone Companies

    Companies operating under Costa Rica’s Free Trade Zone Regime may purchase certain goods in the local market using the tax exemptions granted under Law No. 7210 and its implementing regulations. However, this tax benefit does not mean those goods can later be freely diverted to the domestic market without reviewing the tax consequences.

    When a locally purchased good that benefited from an exemption stops being used within the regime, or the company intends to dispose of it in a way that effectively brings it into the domestic market, it may be necessary to settle the taxes that were originally not paid.

    In local practice, this process is generally referred to as “nationalizing” locally purchased goods.

    Why does this procedure exist?

    The Free Trade Zone Regime allows its beneficiaries to purchase certain goods and services under special tax conditions. Law No. 7210 grants significant exemptions for goods required for the operation of companies under the regime, while its implementing regulations govern purchases made in the local market.

    The key point is that the exemption is tied to the good’s authorized use.

    For that reason, when that use changes, the original exemption should not be assumed to remain in place automatically.

    The regulations to the Free Trade Zone Law establish that improper use of exempt materials, goods or services allows the Ministry of Finance to settle the taxes that went unpaid, in addition to pursuing any other actions available under the law.

    Not every local purchase requires nationalization

    This is probably the most important point.

    Before starting any procedure, it is necessary to determine how the good was acquired and what is intended to be done with it.

    The following situations are not equivalent:

    • Selling an asset in Costa Rica.
    • Transferring it to another company under the regime.
    • Exporting it.
    • Destroying it.
    • Returning it to a supplier.
    • Writing off inventory.
    • Disposing of a fully depreciated asset.
    • Or disposing of a good that was originally purchased with all taxes paid in full.

    For example, if the good was purchased locally without using an exemption, there would, in principle, be no originally exempted taxes that need to be settled in connection with that purchase.

    For that reason, the first question should not be “how do we nationalize the asset?” but rather:

    Was this good actually acquired using a tax benefit, and what is the applicable legal treatment for the way we now intend to dispose of it?

    That distinction avoids unnecessary tax settlements and, at the same time, reduces the risk of improperly disposing of goods that remain subject to the regime.

    What should be reviewed before filing the request?

    A proper review should reconstruct at least four elements.

    • Origin of the good. The original invoice, supplier, purchase date and the mechanism used to apply the exemption must be identified.
    • Tax benefit received. Which tax or taxes were originally exempted must be determined.
    • Current status. Whether the good remains in inventory, is still a fixed asset, has been depreciated, is damaged, or will be sold, transferred, destroyed or put to another use must be established.
    • Proposed destination. The tax consequence can vary substantially depending on what will happen to the good.

    This documentary reconstruction is particularly important because Free Trade Zone companies have specific control obligations over goods that benefit from exemptions. Article 19 of Law No. 7210 requires keeping records of transactions involving those goods and allowing them to be audited by the competent authorities.

    How is it currently processed?

    According to information published by PROCOMER and current regulations issued by the Tax Administration (Dirección General de Tributación), the process is currently carried out through the Virtual Office of the Tax Administration System, TRIBU-CR.

    The procedure corresponds to the:

    “Request for verification of the settlement of exempted taxes on local purchases.”

    Resolution No. MH-DGT-RES-0018-2025, issued by the Dirección General de Tributación, established the guidelines for filing requests, petitions and tax inquiries through TRIBU-CR, replacing the previous scheme based on TRAVI. The resolution took effect with the rollout of TRIBU-CR in October 2025.

    This matters because historical documents and references to TRAVI are still in circulation. For current filings, the applicable channel should always be verified rather than relying automatically on older instructions.

    What does the Tax Administration do in this procedure?

    This procedure should not be understood as a simple authorization to remove an asset from the regime.

    Its purpose is to allow the Tax Administration to verify the settlement of taxes that were originally exempted, when applicable.

    Depending on the case, the Tax Administration may therefore request documentation to substantiate:

    • The original acquisition.
    • The exemption applied.
    • The identification of the good.
    • The tax originally unpaid.
    • The basis used to calculate the settlement.
    • The intended use of the asset.
    • And any other element necessary to validate the calculation.

    This documentation should be prepared before filing the request, not reconstructed only after the Tax Administration raises an objection.

    Does a fully depreciated asset stop generating taxes upon nationalization?

    Not necessarily.

    One of the most common mistakes is assuming that an asset fully depreciated for accounting purposes can be removed from the regime without tax consequences.

    Book depreciation and the determination of taxes linked to an exemption follow different rules.

    Important warning

    The fact that the book value is zero does not, by itself, mean that the amount of tax to be settled is also zero.

    The applicable rule for the good, the benefit originally used, and the appropriate methodology for determining the tax liability must all be analyzed.

    What happens if the good is sold in Costa Rica?

    Two situations that are frequently confused must be distinguished here.

    One is the sale, into the local market, of merchandise coming directly from the Free Trade Zone Regime, for which specific customs procedures exist.

    A different one is the disposal of a good that was originally purchased locally with an exemption.

    The regulations establish that sales of goods from a Free Trade Zone into the national customs territory are subject to the taxes and procedures applicable to an import and, when applicable, require customs declarations for exit from the regime and for definitive importation.

    However, that rule should not be automatically applied to every exempted local purchase. The correct path depends on the origin of the good and the transaction being carried out.

    Six questions we recommend answering before nationalizing

    From a tax and Free Trade Zone control standpoint, the following questions should be answered before filing a request:

    1. Was the good actually acquired with an exemption?
    2. Which tax or taxes were exempted?
    3. Is the good properly identified in the Free Trade Zone records and in the accounting records?
    4. What exactly is intended to be done with it?
    5. Is there an alternative applicable procedure — export, transfer, destruction or other — instead of nationalization?
    6. Can the settlement that was prepared be reconciled with the original invoice, the accounting records and the regime’s controls?

    If any of these answers is not clear, it is advisable to resolve it before filing the request.

    Risks that are often overlooked

    The risk of an incorrect nationalization is not limited to the amount of tax involved.

    It can also create inconsistencies between:

    Accounting records ↔ fixed asset ledger ↔ inventory ↔ exempted goods control ↔ PROCOMER ↔ Tax Administration.

    That lack of consistency can later surface in a tax audit, a PROCOMER review, a financial audit, or even a due diligence process.

    For that reason, the file should preserve not only the request filed with the Tax Administration, but also the documentation explaining why that was concluded to be the correct procedure.

    A simple control can prevent a future contingency

    A good practice is to maintain a dedicated log for goods acquired under exemption that identifies, at a minimum, the following fields:

    Purchase dateSupplierInvoiceDescriptionAsset or serial numberExempted taxLocationCurrent statusFinal destinationSettlement document

    This significantly facilitates any subsequent disposal, nationalization, destruction or transfer process.

    It also helps demonstrate that the company maintains the control required over goods that benefit from the regime.

    Conclusion

    Nationalizing goods purchased locally by a Free Trade Zone company should not be viewed as a simple administrative formality.

    The procedure begins well before logging into TRIBU-CR.

    It must first be confirmed that the good was in fact acquired using an exemption, exactly what tax benefit was received must be determined, and what its new destination will be must be established.

    Only afterward should the corresponding settlement be prepared and the “Request for verification of the settlement of exempted taxes on local purchases” be filed with the Dirección General de Tributación, following the procedures currently in force under TRIBU-CR.

    Best practice is to maintain full traceability between the original invoice, the exemption, the record of the good, the accounting entries, and its final disposition.

    In a Free Trade Zone, traceability does not end when the asset is acquired: it ends when the company can properly demonstrate what its final destination was and what tax treatment was applied.

    Main sources

    This publication is based primarily on the Free Trade Zone Regime Law No. 7210, its implementing regulations, the regulations issued by the Dirección General de Tributación in connection with TRIBU-CR, and Resolution No. MH-DGT-RES-0018-2025.

    Professional notice: This publication is general in nature and does not replace the legal, accounting and tax analysis of each taxpayer’s specific circumstances.

    At HG Sertricon we closely follow the regulations applicable to the Free Trade Zone Regime in Costa Rica. If you have questions about how to apply these criteria in your company, contact us.

    Versión en español aquí · Versione italiana qui.

  • Aplicaciones Prácticas de las NIIF en Costa Rica – Parte 6: Provisiones y contingencias — IAS 37 frente a la deducibilidad fiscal ante la DGT

    Parte 6: Provisiones y contingencias — IAS 37 frente a la deducibilidad fiscal ante la DGT

    Fecha de actualización: 25 de agosto de 2026

    Serie: Aplicaciones Prácticas de las NIIF de conformidad con la Dirección General de Tributación de Costa Rica

    A. Visión Corporativa

    Las provisiones pueden afectar simultáneamente resultados, EBITDA, covenants, impuestos, presupuesto y valoraciones corporativas. En grupos empresariales, una provisión reconocida por una subsidiaria costarricense puede ser correcta bajo NIIF aunque todavía no produzca una deducción fiscal local. El riesgo aparece cuando se fuerza la contabilidad NIIF para obtener un resultado tributario o, en sentido contrario, cuando se ignoran diferencias temporarias relevantes. La política corporativa debe separar claramente reconocimiento contable, deducibilidad fiscal, base fiscal e impuesto diferido, con evidencia consistente entre Finanzas, Legal, Recursos Humanos y Tax.


    Introducción

    En la Parte 5 analizamos cómo un activo puede tener una depreciación contable diferente de su depreciación fiscal.

    Ahora entramos en una de las áreas que más juicios profesionales genera:

    ¿Qué ocurre cuando una empresa reconoce hoy un gasto bajo NIIF, pero la obligación todavía no ha sido pagada o materializada?

    Ejemplos habituales:

    • litigios;
    • garantías a clientes;
    • reestructuraciones;
    • contratos onerosos;
    • indemnizaciones;
    • bonificaciones;
    • vacaciones acumuladas;
    • obligaciones ambientales;
    • desmantelamiento de activos.

    Desde la perspectiva financiera, algunas de estas obligaciones pueden requerir reconocimiento inmediato.

    Desde la perspectiva tributaria costarricense, la pregunta es distinta:

    ¿Cumple ese gasto las condiciones legales para ser deducido en este período fiscal?

    Y aquí aparece nuevamente la necesidad de separar:

    contabilidad NIIF ≠ determinación fiscal.


    1. ¿Qué es una provisión bajo IAS 37?

    IAS 37 – Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets define una provisión como un pasivo respecto del cual existe incertidumbre sobre su importe o vencimiento.

    La norma exige reconocer una provisión cuando concurren tres condiciones:

    1. existe una obligación presente, legal o implícita, originada por un hecho pasado;
    2. es probable que se requiera una salida de recursos que incorporen beneficios económicos para cancelar la obligación; y
    3. puede realizarse una estimación fiable del importe.

    Estos criterios se encuentran en IAS 37.14.

    Si las tres condiciones se cumplen, la entidad no puede simplemente decidir:

    “No registro nada hasta que pague”.

    Desde la perspectiva NIIF, podría existir un pasivo que debe reconocerse antes del desembolso efectivo.


    2. ¿Cómo se mide una provisión?

    IAS 37 establece que la provisión debe reconocerse por la mejor estimación del desembolso necesario para cancelar la obligación presente al cierre del período.

    La medición debe considerar, según corresponda:

    • riesgos e incertidumbres;
    • distintos escenarios y probabilidades;
    • experiencia histórica;
    • opinión de especialistas;
    • acontecimientos posteriores que aporten evidencia;
    • valor temporal del dinero cuando sea material.

    La norma también advierte que la incertidumbre no justifica crear provisiones excesivas.

    Por tanto, IAS 37 tampoco permite constituir reservas generales para “proteger” resultados futuros.


    3. Provisión no es lo mismo que pasivo contingente

    Esta diferencia es esencial.

    Provisión

    Existe una obligación presente y se cumplen los requisitos de reconocimiento.

    Por tanto: se registra en el estado de situación financiera.

    Pasivo contingente

    Puede existir:

    • una obligación posible cuya existencia depende de eventos futuros inciertos; o
    • una obligación presente que no se reconoce porque la salida de recursos no es probable o no puede medirse de forma fiable.

    En esos casos, generalmente: no se reconoce un pasivo, aunque pueden existir obligaciones de revelación.

    IAS 37 trata el reconocimiento de provisiones en el párrafo 14 y los pasivos contingentes a partir del párrafo 27.


    4. ¿Qué dice la legislación tributaria costarricense?

    Aquí debemos evitar una regla simplista.

    No existe una disposición general que permita afirmar:

    “Toda provisión registrada conforme a IAS 37 es fiscalmente deducible”.

    Tampoco resulta técnicamente correcto afirmar sin analizar el caso:

    “Ninguna provisión es deducible”.

    La deducibilidad debe evaluarse conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta y su Reglamento.

    El artículo 7 de la Ley N.° 7092 establece como principio general que la renta neta resulta de deducir los costos y gastos:

    • útiles;
    • necesarios;
    • pertinentes para producir la utilidad;
    • debidamente respaldados;
    • registrados en la contabilidad.

    Además, debe verificarse que el gasto corresponda al período fiscal y que no se encuentre dentro de las exclusiones del artículo 9.

    Por tanto, una estimación contable bajo IAS 37 debe pasar por un segundo filtro tributario.


    5. Primera regla práctica

    Podemos resumir la interacción de esta manera:

    IAS 37 responde cuándo existe contablemente un pasivo.
    La legislación tributaria responde cuándo el gasto asociado puede reducir la renta imponible.

    Estas dos fechas pueden coincidir.

    Pero también pueden ser diferentes.


    6. Caso práctico 1: litigio

    Supongamos que una sociedad enfrenta una demanda.

    Al 31 de diciembre:

    • sus abogados consideran probable una resolución desfavorable;
    • existe una obligación presente;
    • la mejor estimación del desembolso es ₡30.000.000.

    Tratamiento NIIF

    Si se cumplen los requisitos de IAS 37:

    Débito: gasto por litigio ₡30.000.000
    Crédito: provisión por litigio ₡30.000.000

    El resultado contable disminuye en ₡30 millones.

    ¿Y fiscalmente?

    No debemos concluir automáticamente:

    “Gasto deducible = ₡30 millones”.

    Debe determinarse si al cierre fiscal existe, bajo la legislación tributaria:

    • un gasto atribuible al período;
    • una obligación suficientemente determinada;
    • respaldo documental;
    • relación con la generación de renta gravable;
    • cumplimiento de cualquier requisito específico de deducibilidad.

    Si esos requisitos todavía no se cumplen para fines fiscales, el gasto contable deberá agregarse en la conciliación fiscal.


    7. Conciliación del litigio

    Supongamos:

    Utilidad contable antes del impuesto: ₡200.000.000

    Incluye provisión por litigio: ₡30.000.000

    Si la provisión no resulta fiscalmente deducible en ese período:

    ConceptoMonto
    Utilidad contable₡200.000.000
    (+) Provisión no admitida fiscalmente₡30.000.000
    Renta ajustada antes de otros ajustes₡230.000.000

    La contabilidad no se modifica.

    La provisión sigue reconocida bajo IAS 37.

    Lo que cambia es su tratamiento en la conciliación fiscal.


    8. ¿Puede aparecer impuesto diferido?

    Sí, potencialmente.

    Supongamos que la provisión reconocida contablemente tiene un importe en libros de: ₡30.000.000

    y que fiscalmente el gasto solo será deducible cuando la obligación llegue a materializarse.

    Si posteriormente la empresa puede obtener una deducción fiscal cuando pague o extinga la obligación, puede existir una diferencia temporaria deducible.

    Deberá evaluarse IAS 12 – Income Taxes.

    La entidad no debería limitarse a preguntar:

    “¿El gasto es deducible hoy?”

    También debería preguntar:

    “¿Será deducible en el futuro cuando se cancele el pasivo?”

    La respuesta cambia el análisis del impuesto diferido.


    9. Caso práctico 2: garantías sobre productos

    Supongamos que una empresa vende electrodomésticos con garantía de un año.

    Según su experiencia histórica:

    • 3% de los productos vendidos requieren reparaciones;
    • el costo estimado de atender esas garantías es ₡12 millones.

    Tratamiento NIIF

    La venta del producto genera simultáneamente la obligación derivada de la garantía.

    Si se cumplen las condiciones de IAS 37:

    Débito: gasto por garantías ₡12 millones
    Crédito: provisión por garantías ₡12 millones

    La empresa no espera a que cada cliente llegue a reclamar.


    10. Tratamiento fiscal de la garantía

    Para determinar la deducibilidad debe analizarse si la estimación constituye un gasto admitido bajo la legislación fiscal en ese momento o si la deducción se produce conforme se incurre efectivamente en:

    • repuestos;
    • mano de obra;
    • servicios técnicos;
    • otros costos de cumplimiento de la garantía.

    Una política contable basada en estadísticas históricas puede ser técnicamente sólida bajo IAS 37 y, aun así, no producir exactamente el mismo gasto fiscal en el período.

    Por eso el expediente debería separar: provisión contable de gastos efectivamente incurridos fiscalmente.


    11. Caso práctico 3: vacaciones acumuladas

    Este caso requiere especial cuidado porque no todas las obligaciones con empleados son provisiones bajo IAS 37.

    Las vacaciones y otros beneficios a empleados están regulados principalmente por IAS 19 – Employee Benefits.

    Supongamos que al cierre la empresa tiene vacaciones devengadas por: ₡25.000.000

    Desde la perspectiva financiera, el pasivo se reconoce conforme los trabajadores prestan los servicios que generan el derecho.

    Fiscalmente debemos revisar las disposiciones aplicables a remuneraciones.

    El artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta contempla, entre otros conceptos, salarios, bonificaciones, gratificaciones, aguinaldos y otras remuneraciones por servicios personales efectivamente prestados, sujeto a las condiciones tributarias correspondientes.

    Por tanto, sería incorrecto aplicar automáticamente al pasivo por vacaciones la misma conclusión utilizada para una provisión judicial.

    Cada pasivo debe analizarse según su naturaleza.


    12. Caso práctico 4: bonificación anual

    Supongamos que una empresa establece un bono anual para sus ejecutivos.

    El monto se determina considerando:

    • EBITDA;
    • cumplimiento de presupuesto;
    • KPIs;
    • permanencia hasta determinada fecha;
    • aprobación del directorio.

    Al 31 de diciembre se registra: ₡40.000.000

    La pregunta NIIF será:

    ¿Existe al cierre una obligación derivada de los servicios prestados y de las condiciones del plan?

    La pregunta fiscal será:

    ¿Cumple la remuneración los requisitos establecidos por la Ley 7092 y las obligaciones de retención y documentación aplicables?

    La Ley contempla bonificaciones y otras remuneraciones por servicios personales efectivamente prestados, pero condiciona su tratamiento al cumplimiento de los requisitos tributarios.

    Por ello, no deberíamos presentar en una publicación técnica una regla general del tipo:

    “Los bonos solo son deducibles cuando se pagan”.

    La conclusión debe depender de:

    • naturaleza de la remuneración;
    • devengo;
    • obligación existente;
    • condiciones del plan;
    • retenciones;
    • registro;
    • documentación;
    • período fiscal al que corresponde.

    13. Caso práctico 5: reestructuración

    Una empresa decide cerrar una unidad operativa y estima:

    • indemnizaciones;
    • cancelación de contratos;
    • desmantelamiento;
    • traslado de operaciones.

    IAS 37 no permite reconocer una provisión simplemente porque la gerencia tenga la intención de reestructurar.

    Debe existir una obligación presente.

    En una reestructuración, esto normalmente requiere que exista un plan formal suficientemente específico y que la entidad haya creado una expectativa válida en las partes afectadas mediante el inicio de la implementación o el anuncio de sus principales características.

    Por tanto: presupuesto aprobado ≠ provisión automática.

    Y aunque exista una provisión contable válida, su tratamiento tributario deberá analizarse separadamente para cada componente.


    14. No todas las provisiones se rigen por IAS 37

    Este es un punto muy importante para la serie.

    Las empresas utilizan coloquialmente la palabra “provisión” para muchas partidas que pertenecen a otras NIIF.

    ConceptoNorma principal
    LitigiosIAS 37
    GarantíasIAS 37
    Contratos onerososIAS 37
    ReestructuracionesIAS 37
    VacacionesIAS 19
    Bonificaciones laboralesIAS 19
    IncobrablesIFRS 9
    Impuesto a las gananciasIAS 12
    Inventario obsoletoIAS 2
    Deterioro de activosIAS 36
    Desmantelamiento vinculado con PPEIAS 16 + IAS 37 / IFRIC 1

    Llamarlas a todas “provisiones” puede llevar a errores tanto contables como fiscales.


    15. Una excepción fiscal importante: entidades financieras supervisadas

    La legislación tributaria contempla tratamientos específicos para ciertos sectores.

    Entre ellos, la normativa incorporada a la Ley del Impuesto sobre la Renta contempla, para entidades financieras supervisadas por las superintendencias adscritas al CONASSIF, determinadas estimaciones, reservas o provisiones autorizadas o exigidas por los órganos de supervisión, dentro de los límites técnicos correspondientes.

    Este ejemplo demuestra por qué no debe utilizarse una regla absoluta.

    La existencia de una deducción puede depender de:

    • sector;
    • naturaleza de la provisión;
    • regulación especial;
    • límites técnicos;
    • autorización;
    • documentación.

    16. ¿Qué dice la nueva Resolución MH-DGT-RES-0015-2026?

    La Resolución MH-DGT-RES-0015-2026, publicada el 29 de abril de 2026, entrará en vigor el 1 de enero de 2027 y sustituirá a la DGT-R-029-2018.

    La resolución desarrolla distintos casos en los cuales provisiones o estimaciones reconocidas conforme a NIIF no producen automáticamente una deducción fiscal.

    Por ejemplo, en materia de exploración y evaluación de recursos minerales, establece expresamente que las provisiones y contingencias vinculadas con esas actividades no se consideran gastos deducibles hasta que las provisiones sean efectivamente aplicadas.

    Este tratamiento específico refuerza un principio práctico:

    La existencia de una provisión contable no basta por sí sola para demostrar la deducibilidad tributaria.

    Sin embargo, debe evitarse extender una regla sectorial particular a todas las provisiones sin analizar previamente la Ley y el Reglamento aplicables a cada gasto.


    17. Reservas generales: una señal de alerta

    Supongamos que la gerencia registra:

    “Reserva para contingencias futuras: ₡50 millones”.

    La razón es:

    “Siempre aparecen problemas inesperados”.

    Esto presenta dificultades.

    NIIF

    IAS 37 exige una obligación presente derivada de un hecho pasado.

    No permite acumular una provisión general simplemente porque existan riesgos futuros.

    Fiscal

    Si ni siquiera existe una obligación concreta y documentada, la defensa de la deducibilidad será aún más débil.

    Las reservas generales constituyen por ello una de las primeras partidas que deberían investigarse en una revisión NIIF–fiscal.


    18. ¿Qué documentación debería existir?

    Para una provisión material por litigio deberíamos encontrar, como mínimo:

    • descripción del proceso;
    • fecha del hecho que originó la obligación;
    • opinión del asesor legal;
    • probabilidad de pérdida;
    • rango estimado del desembolso;
    • metodología utilizada;
    • hechos posteriores relevantes;
    • conclusión IAS 37;
    • análisis tributario;
    • norma fiscal aplicada;
    • diferencia temporaria;
    • efecto IAS 12;
    • aprobación de la gerencia.

    Una cifra sin expediente de soporte es difícil de defender tanto ante el auditor como ante la DGT.


    19. ¿Qué preguntaría un fiscalizador?

    Frente a una provisión significativa, deberían poder responderse preguntas como:

    • ¿Qué hecho ocurrido generó la obligación?
    • ¿Quién es la contraparte?
    • ¿Existe contrato, demanda, legislación o compromiso que origine el pasivo?
    • ¿Cómo se determinó el monto?
    • ¿Por qué corresponde al período fiscal?
    • ¿Cuál es la evidencia del gasto?
    • ¿Se relaciona con la generación de renta gravable?
    • ¿Existe norma que permita o restrinja su deducción?
    • ¿Qué ocurrió con esa provisión en el período siguiente?

    La última pregunta es especialmente relevante.


    20. El roll-forward de provisiones

    Una buena práctica consiste en mantener un movimiento anual de cada provisión:

    ConceptoMonto
    Saldo inicial₡30.000.000
    Nuevas provisiones₡15.000.000
    Aumentos de estimación₡3.000.000
    Importes utilizados(₡10.000.000)
    Reversiones(₡5.000.000)
    Saldo final₡33.000.000

    IAS 37 exige revelaciones relativas a los movimientos de las provisiones materiales.

    Desde el punto de vista tributario, este roll-forward también permite identificar:

    • montos adicionados fiscalmente en años anteriores;
    • pagos posteriores que podrían llegar a ser deducibles;
    • reversiones que no deberían gravarse dos veces;
    • diferencias temporarias;
    • conciliación entre períodos.

    21. Un riesgo frecuente: doble impacto tributario

    Supongamos:

    Año 1

    Se reconoce una provisión contable: ₡20 millones

    No deducible fiscalmente.

    La empresa agrega: +₡20 millones en la conciliación.

    Año 2

    La obligación se paga y, bajo los supuestos del ejemplo, el gasto llega a ser fiscalmente deducible.

    Pero contablemente el pago simplemente cancela la provisión:

    Débito: provisión
    Crédito: efectivo

    No existe un nuevo gasto contable.

    Si la empresa únicamente revisa el estado de resultados del Año 2 puede olvidar efectuar el ajuste fiscal correspondiente.

    El resultado sería perder una deducción que previamente había sido adicionada.

    Este ejemplo demuestra por qué la conciliación fiscal requiere un roll-forward de diferencias temporarias, no únicamente una revisión de gastos del período.


    22. El riesgo contrario: doble deducción

    También puede suceder lo inverso.

    Año 1: la empresa deduce fiscalmente una provisión.

    Año 2: al realizar el pago vuelve a tomar el gasto como deducible.

    Resultado: doble deducción sobre la misma obligación.

    El control histórico de provisiones debe impedir ambos errores:

    • pérdida de una deducción;
    • duplicación de una deducción.

    23. IAS 12 completa el análisis

    Para cada provisión material deberían existir cuatro columnas conceptuales:

    ElementoAnálisis
    Importe en librosPasivo reconocido bajo NIIF
    Base fiscalEfecto fiscal atribuido al pasivo
    Diferencia temporariaDiferencia IAS 12
    Impuesto diferidoEfecto fiscal futuro

    Este análisis debe mantenerse separado del impuesto corriente.

    La pregunta correcta no es:

    ¿La provisión genera automáticamente un activo por impuesto diferido?

    La pregunta es:

    ¿La liquidación futura del pasivo producirá una deducción fiscal y se cumplen los requisitos de reconocimiento de IAS 12?


    24. Caso integral

    Supongamos:

    Utilidad NIIF antes del impuesto: ₡300.000.000

    Incluye:

    • provisión por litigio: ₡30.000.000;
    • provisión de garantías: ₡12.000.000;
    • bono devengado: ₡20.000.000.

    Después del análisis individual concluimos, exclusivamente para este ejemplo:

    • litigio: no deducible actualmente;
    • garantías: ₡4 millones corresponden a gastos ya realizados y fiscalmente admitidos; ₡8 millones permanecen como estimación;
    • bono: cumple los requisitos fiscales aplicables al período.

    La conciliación sería:

    ConceptoAjuste
    Utilidad NIIF₡300.000.000
    (+) Litigio no deducible actualmente₡30.000.000
    (+) Garantía aún no admitida fiscalmente₡8.000.000
    Bono₡0
    Resultado fiscal antes de otros ajustes₡338.000.000

    Obsérvese: tres pasivos, tres análisis fiscales diferentes.

    La palabra “provisión” por sí sola no determina el resultado tributario.


    25. Matriz práctica recomendada

    Para cada estimación o provisión material recomendamos mantener:

    CampoContenido
    CuentaLitigios / garantías / bonus / etc.
    Norma NIIFIAS 37, IAS 19, IFRS 9, etc.
    Saldo inicialMonto
    Adición del períodoMonto
    UtilizaciónMonto
    ReversiónMonto
    Saldo finalMonto
    Deducibilidad actualSí / No / Parcial
    Fundamento fiscalLey / Reglamento / criterio
    Ajuste en conciliaciónMonto
    Base fiscalMonto
    Diferencia temporariaMonto
    IAS 12DTA / DTL / ninguno
    EvidenciaLegal, contractual, nómina, etc.
    ResponsableÁrea propietaria

    26. Control crítico de la posición

    ControlHallazgo principalEvidencia requeridaRiesgo
    Devil’s AdvocateLa estimación puede no representar una obligación presenteContrato, criterio legal, hecho generadorAlto
    Red Team DGTUna provisión contable podría carecer de fundamento fiscal suficienteLey, Reglamento y evidenciaAlto
    SteelmanPosición fortalecida cuando existe expediente contemporáneoMemo NIIF-fiscalBajo/Medio
    Assumption Challenge“Probable bajo NIIF” no equivale necesariamente a “deducible fiscalmente”Análisis separadoAlto
    Blind SpotPuede omitirse IAS 12 o tratamiento laboralBase fiscal y normativa laboralMedio
    Second-order EffectsEl pago posterior puede producir doble deducción o pérdida de deducciónRoll-forward multianualAlto

    27. Recomendaciones profesionales

    No aconsejamos administrar las provisiones únicamente mediante una cuenta de mayor denominada: “Provisiones varias”.

    Cada provisión material debería estar vinculada a:

    hecho económico → norma NIIF → cálculo → evidencia → tratamiento fiscal → conciliación → base fiscal → IAS 12 → reversión futura.

    Además, Legal, Recursos Humanos, Operaciones y Finanzas deberían participar en las estimaciones correspondientes.

    Una provisión por litigios preparada exclusivamente por Contabilidad sin confirmación de Legal es débil.

    Una provisión de bonificaciones sin documento del plan y condiciones de devengo también lo es.

    Y una conciliación tributaria que solo contenga la frase:

    “Provisiones no deducibles”

    sin explicar cuáles, por qué y cuándo se revertirán, ofrece poca trazabilidad.


    Conclusión

    Las provisiones muestran con especial claridad que el reconocimiento contable y la deducción tributaria son conceptos diferentes.

    Una obligación puede ser correctamente reconocida bajo NIIF y simultáneamente no ser deducible fiscalmente en ese mismo período.

    Esto no obliga a eliminar la provisión contable.

    Obliga a construir correctamente la conciliación fiscal.

    La metodología adecuada es:

    1. Identificar la naturaleza real de la obligación.
    2. Determinar la NIIF aplicable.
    3. Establecer si corresponde reconocer un pasivo.
    4. Analizar separadamente la deducibilidad tributaria.
    5. Registrar el ajuste conciliatorio cuando proceda.
    6. Determinar la base fiscal.
    7. Evaluar IAS 12.
    8. Controlar la utilización o reversión en períodos posteriores.

    La pregunta profesional no debería ser:

    “¿Las provisiones son deducibles?”

    La pregunta correcta es:

    “¿Esta obligación específica, en estas circunstancias y en este período, cumple los requisitos para ser reconocida bajo NIIF y, separadamente, los requisitos para ser deducida conforme a la legislación tributaria costarricense?”

    Esa diferencia de enfoque es precisamente lo que transforma un cierre contable en un análisis técnico defendible.


    Fundamento legal y técnico

    Normativa costarricense vigente al 25 de agosto de 2026

    • Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley N.° 7092, particularmente artículos 7, 8 y 9, relativos a renta neta, gastos deducibles y gastos no deducibles.
    • Reglamento a la Ley del Impuesto sobre la Renta, Decreto Ejecutivo N.° 43198-H, texto vigente consultado en SINALEVI.
    • Tratamiento particular de determinadas estimaciones, reservas y provisiones de entidades financieras supervisadas, según las disposiciones legales aplicables.
    • Resolución DGT-R-029-2018, vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. SINALEVI indica que será dejada sin efecto por la Resolución MH-DGT-RES-0015-2026.
    • Resolución MH-DGT-RES-0015-2026, publicada el 29 de abril de 2026 y con vigencia a partir del 1 de enero de 2027.

    Normativa NIIF

    • IAS 37 – Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, particularmente párrafos 14, 27, 36 y siguientes.
    • IAS 19 – Employee Benefits, para vacaciones, bonificaciones y otros beneficios laborales.
    • IAS 12 – Income Taxes, para las diferencias temporarias y el impuesto diferido.
    • IAS 16 / IFRIC 1, cuando la provisión esté relacionada con obligaciones de desmantelamiento o restauración incorporadas al costo de propiedad, planta y equipo.
    • IFRS 9, cuando la denominada “provisión” corresponda en realidad a pérdidas crediticias esperadas.

    Nota profesional: Los casos numéricos son ilustrativos. La deducibilidad fiscal debe analizarse atendiendo a la naturaleza concreta del pasivo, período, documentación, relación con rentas gravables, normativa sectorial y demás requisitos legales aplicables.

  • Facturación electrónica v4.4 “v2”: qué cambia en anexos y reglas de validación antes del 1 de noviembre de 2026

    La llamada “v4.4 v2” no sustituye la versión 4.4 de facturación electrónica ni modifica las tarifas tributarias: actualiza sus anexos técnicos y reglas de validación. El impacto principal recae en facturación, contabilidad, declaraciones y conciliaciones, especialmente cuando se corrigen comprobantes de períodos anteriores. También afecta operaciones de exportación y recibos electrónicos de pago. Conviene coordinar al proveedor de facturación con Contabilidad e Impuestos antes del 1 de noviembre de 2026.

    Resumen ejecutivo

    La versión 4.4 original de la factura electrónica es obligatoria desde el 1 de setiembre de 2025. La denominada “v2” es una actualización del documento técnico de Anexos y Estructuras v4.4 vigentes, cuya bitácora está fechada 22 de abril de 2026; no se trata de una versión 4.5.

    Los nuevos códigos ya pueden utilizarse voluntariamente porque Hacienda los habilitó en pruebas y producción, según el comunicado oficial de Hacienda. Los sistemas de emisión deberán tenerlos implementados desde el 1 de noviembre de 2026.

    Para quien utiliza Tico Factura o una plataforma externa, el cambio debería ser mayormente automático. Aun así, debe verificar que el proveedor haya actualizado los catálogos y que el personal seleccione correctamente el motivo de cada nota.

    Cambios principales

    CódigoNuevo usoImpacto al facturar
    13Anula documento por error materialLa nota de crédito o débito afecta el mismo período fiscal del comprobante original.
    14Corrige monto por error materialLa corrección se registra en el período del documento original.
    15Sustituye comprobante por error materialSe utiliza en el nuevo comprobante que sustituye al anulado con código 13.
    16Sustituye comprobante rechazadoPermite enlazar correctamente el nuevo comprobante con el XML rechazado por Hacienda.
    17Pago a comprobante electrónicoUso exclusivo del Recibo Electrónico de Pago.
    12Crédito por exoneración posteriorSe aclara que aplica a la nota de crédito financiera por una exoneración concreta aprobada después de la operación; afecta el período en que se emite la nota.

    Además:

    • Se incorporan en el catálogo de tipos de documentos de referencia el código 19, Factura Electrónica de Exportación, y el 20, Recibo Electrónico de Pago.
    • Se permite que los campos de identificación acepten cédulas jurídicas alfanuméricas. Esto se aplicará cuando el Registro Nacional comunique oficialmente su utilización; no significa que puedan inventarse o transformarse identificaciones actuales.
    • Se habilita una excepción para teléfonos especiales, como 911.
    • Se mejora la descripción del campo IVA devuelto, sin que ello implique una nueva tarifa o un nuevo impuesto.

    Impacto práctico

    La distinción crítica será entre una corrección comercial del período actual y un error material del comprobante original:

    • Los códigos ordinarios 01, 02 y 06 afectan el período en que se genera la nota.
    • Los nuevos códigos 13 y 14 trasladan el efecto contable al período de la factura corregida. Por tanto, si ese período ya fue declarado, puede ser necesario rectificar la declaración del IVA y revisar el impuesto sobre las utilidades, con posibles diferencias por pagar, saldos a favor, intereses o ajustes contables.

    Ejemplo: una factura de julio de 2026 contiene un monto incorrecto y el error material se descubre en noviembre. Si corresponde emplear el código 14, el ajuste pertenece a julio, no a noviembre. Esta calificación debe documentarse; no toda devolución, descuento posterior o renegociación comercial constituye error material.

    Cuando Hacienda haya rechazado un XML, este carece de validez tributaria y no debe anularse mediante nota de crédito. Debe corregirse y emitirse un nuevo comprobante usando la referencia correspondiente al código 16. Esta conclusión también resulta del artículo 9 de la Resolución MH-DGT-RES-0027-2024.

    Acciones recomendadas

    • Solicitar al proveedor confirmación escrita de que la actualización estará en producción antes del 1 de noviembre de 2026.
    • Probar notas de crédito y débito con códigos 13 a 16, así como recibos de pago con el código 17.
    • Configurar los códigos 19 y 20 como tipos de documento de referencia.
    • Crear un control para que Contabilidad autorice el uso de los códigos 13 y 14, pues pueden provocar rectificaciones de declaraciones anteriores.
    • Revisar que el sistema acepte identificaciones alfanuméricas, sin utilizarlas hasta que el Registro Nacional lo comunique.
    • Conservar evidencia del error: factura original, nota, documento sustituto y declaración rectificada.

    Certeza y vigencia

    Esta conclusión tiene un nivel de certeza alto sobre los cambios técnicos y la fecha de implementación, con base en documentación oficial consultada el 31 de agosto de 2026. La necesidad concreta de rectificar declaraciones dependerá del período, el impuesto, la naturaleza del error y el tratamiento contable de cada operación. No se localizó jurisprudencia relevante porque se trata de una actualización técnica-administrativa reciente.

    En HG Sertricon damos seguimiento a estas actualizaciones técnicas de Hacienda. Si tiene dudas sobre cómo la v4.4 “v2” podría afectar la facturación, la contabilidad o las declaraciones de su empresa, contáctenos.