Junto con el proyecto sobre rentas pasivas del exterior, el Ministerio de Hacienda presentó el 22 de setiembre de 2026 un segundo proyecto de ley que reestructuraría de manera integral el régimen costarricense de exoneraciones fiscales. La iniciativa, expediente N.° 25.797, se denomina “Ley Régimen de Beneficios Fiscales y Control del Gasto Tributario” y fue anunciada mediante el comunicado de prensa CP-51 del Ministerio de Hacienda.
Se trata, por ahora, de un proyecto de ley en trámite legislativo. Las exoneraciones vigentes se mantienen mientras el proyecto no sea aprobado.
¿Qué cambiaría?
Según el proyecto, la administración y fiscalización de los beneficios fiscales pasaría de la Dirección General de Hacienda a la Dirección General de Tributación (DGT), con el objetivo declarado de unificar en un solo ente el control de exoneraciones que hoy están dispersas en distintas leyes. El texto plantea, entre otros puntos:
- Un requisito de estar al día con las obligaciones ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Hacienda para poder solicitar o mantener un beneficio fiscal.
- Una multa del 100% de los tributos dejados de percibir cuando el bien o servicio exonerado se destine a un uso distinto del autorizado, que subiría a 150% si se determina dolo.
- Sanciones adicionales por incumplimientos de tipo informativo y la posibilidad de inhabilitación ante la acumulación de infracciones.
- La derogatoria de ocho exenciones puntuales del IVA, entre ellas las de los servicios del Cuerpo de Bomberos, emisoras culturales, subastas ganaderas, asociaciones de desarrollo comunal, juntas de educación y Asadas.
El proyecto plantea además el cobro del 13% de IVA a instituciones públicas que hoy están exoneradas, mientras que zonas francas y el sector agrícola se mantendrían protegidos como sectores considerados estratégicos, y las universidades estatales quedarían excluidas por su protección constitucional. Según la exposición de motivos del proyecto, el gasto tributario del país alcanzó aproximadamente ₡2.014 billones en 2024, equivalente a un 4,10% del PIB.
Implicaciones prácticas para empresas e instituciones beneficiarias
Las entidades e instituciones que hoy gozan de algún tipo de exoneración deberían dar seguimiento cercano a este proyecto, en particular si su beneficio fiscal proviene de una de las exenciones que se derogarían, o si su situación ante la CCSS y Hacienda no está completamente al día, dado que el proyecto convertiría ese requisito en una condición para conservar el beneficio. Las multas propuestas, de 100% a 150% de los tributos dejados de percibir, también elevan de forma considerable el riesgo de un uso indebido o desviado de una exoneración.
El expediente 25.797 debe surtir su trámite ordinario en la Asamblea Legislativa, incluyendo el paso por la comisión correspondiente. En HG Sertricon daremos seguimiento a su avance. Si su empresa o institución cuenta con alguna exoneración vigente y quiere anticipar el eventual impacto de esta reforma, contáctenos.