Categoría: Exoneraciones

  • Hacienda presenta proyecto para reformar el régimen de exoneraciones fiscales (Expediente 25.797)

    Junto con el proyecto sobre rentas pasivas del exterior, el Ministerio de Hacienda presentó el 22 de setiembre de 2026 un segundo proyecto de ley que reestructuraría de manera integral el régimen costarricense de exoneraciones fiscales. La iniciativa, expediente N.° 25.797, se denomina “Ley Régimen de Beneficios Fiscales y Control del Gasto Tributario” y fue anunciada mediante el comunicado de prensa CP-51 del Ministerio de Hacienda.

    Se trata, por ahora, de un proyecto de ley en trámite legislativo. Las exoneraciones vigentes se mantienen mientras el proyecto no sea aprobado.

    ¿Qué cambiaría?

    Según el proyecto, la administración y fiscalización de los beneficios fiscales pasaría de la Dirección General de Hacienda a la Dirección General de Tributación (DGT), con el objetivo declarado de unificar en un solo ente el control de exoneraciones que hoy están dispersas en distintas leyes. El texto plantea, entre otros puntos:

    • Un requisito de estar al día con las obligaciones ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Hacienda para poder solicitar o mantener un beneficio fiscal.
    • Una multa del 100% de los tributos dejados de percibir cuando el bien o servicio exonerado se destine a un uso distinto del autorizado, que subiría a 150% si se determina dolo.
    • Sanciones adicionales por incumplimientos de tipo informativo y la posibilidad de inhabilitación ante la acumulación de infracciones.
    • La derogatoria de ocho exenciones puntuales del IVA, entre ellas las de los servicios del Cuerpo de Bomberos, emisoras culturales, subastas ganaderas, asociaciones de desarrollo comunal, juntas de educación y Asadas.

    El proyecto plantea además el cobro del 13% de IVA a instituciones públicas que hoy están exoneradas, mientras que zonas francas y el sector agrícola se mantendrían protegidos como sectores considerados estratégicos, y las universidades estatales quedarían excluidas por su protección constitucional. Según la exposición de motivos del proyecto, el gasto tributario del país alcanzó aproximadamente ₡2.014 billones en 2024, equivalente a un 4,10% del PIB.

    Implicaciones prácticas para empresas e instituciones beneficiarias

    Las entidades e instituciones que hoy gozan de algún tipo de exoneración deberían dar seguimiento cercano a este proyecto, en particular si su beneficio fiscal proviene de una de las exenciones que se derogarían, o si su situación ante la CCSS y Hacienda no está completamente al día, dado que el proyecto convertiría ese requisito en una condición para conservar el beneficio. Las multas propuestas, de 100% a 150% de los tributos dejados de percibir, también elevan de forma considerable el riesgo de un uso indebido o desviado de una exoneración.

    El expediente 25.797 debe surtir su trámite ordinario en la Asamblea Legislativa, incluyendo el paso por la comisión correspondiente. En HG Sertricon daremos seguimiento a su avance. Si su empresa o institución cuenta con alguna exoneración vigente y quiere anticipar el eventual impacto de esta reforma, contáctenos.

  • ATRACCIÓN DE TRABAJADORES Y PRESTADORES REMOTOS

    Proyecto de Ley 22215

    Recientemente se ha aprobado la Ley para atraer trabajadores y prestadores remotos de servicios de carácter internacional, la cual está pendiente de firma por parte de Presidencia, misma que busca atraer aquellas personas extranjeras que presta servicios de forma remota sean estos subordinados o no.

    De está forma nuestro país, entra en competencia con legislaciones de otros países del istmo como Panamá, en la búsqueda de un mercado cada vez más creciente, el cual se ha ido asentando durante la pandemia que mundialmente se ha vivido desde Marzo del año 2020.

    El trabajador remoto extranjero que busque obtener los beneficios de esta ley deberá demostrar un ingreso mínimo de 5,000USD, de igual forma deberá tener a su haber una póliza de servicios médicos durante toda la duración de la estancia en el país entre los requisitos más relevantes.

    Entre los beneficios otorgados, se encuentra la exención total sobre el impuesto a las utilidades no siendo considerados como residentes habituales de la misma forma que los ingresos percibidos del exterior no serán considerados como de fuente costarricense.  Por otra parte, los equipos requeridos para el desarrollo de su operación bajo ciertos criterios serán exonerados del pago de los impuestos a la importación.  Otros beneficios de mejor jerarquía serían la homologación de la licencia de conducir vigente y la posibilidad de apertura de cuentas de ahorros y bancarias.

    Es menester indicar que, si bien el grupo familiar forma parte de la visa, y le aplican los requisitos que la norma y su reglamento determinen, no lo es así con los beneficios indicados anteriormente.

    Dicha norma, busca otorgar una solución digital y más expedita que las existentes, con la finalidad de agilizar el trámite de los solicitantes, pero al mismo tiempo requiere de una reglamentación que facilite los procesos indicados.

  • Líneas aéreas e IVA en adquisiciones

    En momentos de crisis, pareciera que el análisis de las transacciones al tenor de la carga tributaria reviste importancia, dado que en algunos casos el traslado del impuesto aplicado por consumo puede tener resultados negativos en el ámbito de costos y flujo de caja:

    1. Pudiera ser basados en el traslado al consumidor final, sea porque el servicio es exento, no sujeto, lo que genera una adición económica al efecto de la disminución en la generación de flujos en las operaciones al trasladar ese crédito como un costo de la operación
    2. O bien porque el crédito fiscal de las adquisiciones no puede ser utilizado como crédito pleno, sea porque la venta se genera con tasas disminuidas o diferenciadas, lo que obliga a utilizar la regla de la proporcionalidad, por tanto, genera un costo operativo de la porción que no corresponde como crédito.
      Costa Rica tiene una serie de tratados internacionales denominados “cielos abiertos”, que permite la bilateralidad de una serie de beneficios y regulaciones, entre las cuales sobresale la que es de importancia relativa y corresponde a derechos aduaneros e impuestos.
      La Procuraduría ha analizado y ha sido enfática en cuanto al tema desde el año 1999, y bajo su dictamen C-150, ha sostenido que parte de la intención de los países al suscribir el Acuerdo ha sido la de eximir a las empresas designadas del pago de los tributos, en cada uno de los países.
      Ahora bien, debemos entender que las exenciones que puedan surgir de estos tratados no son aplicables a la comercialización de servicios en territorio nacional, puesto que el Impuesto al Valor Agregado debe ser soportado por el consumidor final, por lo tanto, la línea aérea se convierte en un agente de recepción. Vale la pena acotar que los tiquetes aéreos tendrán una tarifa diferenciada no así los servicios de carga y courier que puedan surgir del giro de las operaciones comerciales, entre otros.
      Es claro, que deberá analizarse con detenimiento el articulo e incisos que determinan los derechos aduaneros e impuestos de cada tratado según corresponda para comprender no solo el tipo de exoneración existente sino también el alcance. Ahora bien, en cuando al tratamiento con los proveedores podríamos inferir del formulario d104.2, que se puede trasladar la Ley especial como comprobante de dicha exención ante una aplicación de pleno derecho del articulo correspondiente y de esta forma deberá consignarlo el proveedor.
      Sin embargo, recordemos que dichas normas no necesariamente detallan adecuadamente los servicios y bienes; ante lo cual los proveedores deben proteger sus intereses. Cuando persiste la duda, lo recomendable es aplicar un procedimiento alternativo, lo que no solo puede mejorar la profundidad de la exención, sino que al mismo tiempo puede permitir que las exenciones le sean reconocidas y preservadas en el mismo plazo del Certificado de Explotación para no incurrir en tramites anuales, en caso de que a primera vista se considere esto último necesario.
      Estamos entonces, ante la posibilidad de que un sector que ha resentido la situación generalizada de salud pueda verse beneficiado si realiza un análisis adecuado de las normas existentes en su operación y transacciones comerciales.