Categoría: Proyectos de Ley

  • Hacienda propone gravar con 15% las rentas pasivas obtenidas en el exterior (Expediente 25.796)

    El Ministerio de Hacienda presentó ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que ampliaría el gravamen sobre las rentas pasivas que residentes fiscales de Costa Rica obtienen en el exterior. La iniciativa, identificada como expediente N.° 25.796, fue entregada el 22 de setiembre de 2026 y anunciada mediante el comunicado de prensa CP-51 del Ministerio de Hacienda, firmado por la presidenta Laura Fernández Delgado y el ministro Rodrigo Chaves Robles.

    Se trata, por ahora, de un proyecto de ley en trámite legislativo. No es una reforma vigente ni modifica, mientras no se apruebe, las obligaciones tributarias actuales.

    ¿Qué propone el proyecto?

    El texto, denominado “Ley sobre el gravamen de rentas pasivas de fuente extranjera y eliminación de créditos fiscales por la emisión de valores de oferta pública temáticos”, utiliza como criterio central la residencia fiscal del contribuyente, y no la pertenencia a un grupo multinacional ni la falta de sustancia económica en el exterior, como ocurre con reglas anteriores dirigidas a rentas pasivas. Según el proyecto, quedarían obligados a tributar todas las personas físicas y jurídicas, fideicomisos, fondos de inversión y estructuras similares que residan en Costa Rica y posean bienes o derechos en el exterior que generen:

    • Dividendos, intereses y regalías.
    • Ganancias de capital.
    • Rentas de capital inmobiliario y mobiliario.

    La tarifa propuesta es del 15% sobre el monto bruto de estas rentas, permitiendo acreditar el impuesto análogo ya pagado en el extranjero, con el fin de evitar la doble imposición. El proyecto también derogaría el crédito fiscal actualmente vigente para quienes emiten valores de oferta pública con fines de sostenibilidad o temáticos.

    Implicaciones prácticas para empresas y personas contribuyentes

    De aprobarse en los términos presentados, la reforma ampliaría de forma significativa el universo de contribuyentes alcanzados por el impuesto a rentas pasivas del exterior, al depender únicamente de la residencia fiscal costarricense y no de la estructura corporativa utilizada. Esto es relevante para personas físicas con inversiones, cuentas o inmuebles en el exterior, así como para empresas y fideicomisos con activos financieros fuera del país. El viceministro de Ingresos, Víctor Julio Carvajal, señaló que el proyecto busca “fortalecer la transparencia y eficiencia del sistema tributario costarricense”.

    El proyecto debe continuar su trámite ordinario en la Asamblea Legislativa, incluyendo el paso por comisión, antes de someterse a debate en el Plenario. En HG Sertricon daremos seguimiento a la discusión del expediente 25.796 y a cualquier modificación que sufra durante su trámite. Si tiene inversiones, cuentas o estructuras en el exterior y quiere entender cómo esta propuesta podría afectarle, contáctenos.

  • Hacienda presenta proyecto para reformar el régimen de exoneraciones fiscales (Expediente 25.797)

    Junto con el proyecto sobre rentas pasivas del exterior, el Ministerio de Hacienda presentó el 22 de setiembre de 2026 un segundo proyecto de ley que reestructuraría de manera integral el régimen costarricense de exoneraciones fiscales. La iniciativa, expediente N.° 25.797, se denomina “Ley Régimen de Beneficios Fiscales y Control del Gasto Tributario” y fue anunciada mediante el comunicado de prensa CP-51 del Ministerio de Hacienda.

    Se trata, por ahora, de un proyecto de ley en trámite legislativo. Las exoneraciones vigentes se mantienen mientras el proyecto no sea aprobado.

    ¿Qué cambiaría?

    Según el proyecto, la administración y fiscalización de los beneficios fiscales pasaría de la Dirección General de Hacienda a la Dirección General de Tributación (DGT), con el objetivo declarado de unificar en un solo ente el control de exoneraciones que hoy están dispersas en distintas leyes. El texto plantea, entre otros puntos:

    • Un requisito de estar al día con las obligaciones ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Hacienda para poder solicitar o mantener un beneficio fiscal.
    • Una multa del 100% de los tributos dejados de percibir cuando el bien o servicio exonerado se destine a un uso distinto del autorizado, que subiría a 150% si se determina dolo.
    • Sanciones adicionales por incumplimientos de tipo informativo y la posibilidad de inhabilitación ante la acumulación de infracciones.
    • La derogatoria de ocho exenciones puntuales del IVA, entre ellas las de los servicios del Cuerpo de Bomberos, emisoras culturales, subastas ganaderas, asociaciones de desarrollo comunal, juntas de educación y Asadas.

    El proyecto plantea además el cobro del 13% de IVA a instituciones públicas que hoy están exoneradas, mientras que zonas francas y el sector agrícola se mantendrían protegidos como sectores considerados estratégicos, y las universidades estatales quedarían excluidas por su protección constitucional. Según la exposición de motivos del proyecto, el gasto tributario del país alcanzó aproximadamente ₡2.014 billones en 2024, equivalente a un 4,10% del PIB.

    Implicaciones prácticas para empresas e instituciones beneficiarias

    Las entidades e instituciones que hoy gozan de algún tipo de exoneración deberían dar seguimiento cercano a este proyecto, en particular si su beneficio fiscal proviene de una de las exenciones que se derogarían, o si su situación ante la CCSS y Hacienda no está completamente al día, dado que el proyecto convertiría ese requisito en una condición para conservar el beneficio. Las multas propuestas, de 100% a 150% de los tributos dejados de percibir, también elevan de forma considerable el riesgo de un uso indebido o desviado de una exoneración.

    El expediente 25.797 debe surtir su trámite ordinario en la Asamblea Legislativa, incluyendo el paso por la comisión correspondiente. En HG Sertricon daremos seguimiento a su avance. Si su empresa o institución cuenta con alguna exoneración vigente y quiere anticipar el eventual impacto de esta reforma, contáctenos.

  • Tres nuevos proyectos proponen cambios relevantes en materia tributaria

    El 15 de julio de 2026 fueron presentados ante la Asamblea Legislativa tres proyectos de ley que, de aprobarse, introducirían modificaciones importantes en materia de responsabilidad tributaria, fraude a la Hacienda Pública y deducibilidad de gastos financieros.

    Es importante aclarar que estas iniciativas se encuentran en una etapa inicial de trámite. Actualmente no son leyes vigentes ni modifican las obligaciones de los contribuyentes.

    Responsabilidad solidaria — Expediente 25.648

    El proyecto propone que los socios respondan, proporcionalmente a su participación, por determinados tributos e intereses adeudados por la sociedad.

    También introduce responsabilidad solidaria entre integrantes de un mismo conjunto económico y para quienes oculten bienes, incumplan órdenes de embargo o colaboren en la disposición de bienes previamente embargados.

    La amplitud de la definición de conjunto económico y la posible atribución de deudas a socios que no participaron en la administración son aspectos que deberán analizarse cuidadosamente durante el trámite legislativo.

    Fraude a la Hacienda Pública — Expediente 25.650

    La iniciativa reduciría de 500 a 200 salarios base el umbral mínimo para configurar el delito de fraude a la Hacienda Pública.

    Asimismo, propone sumar los montos defraudados correspondientes a distintos tributos y períodos no prescritos, establecer multas de hasta cinco u ocho veces el monto defraudado e imponer restricciones para recibir beneficios públicos o participar en contratación administrativa.

    La existencia de una diferencia tributaria no constituye, por sí sola, fraude fiscal. Continuaría siendo necesario acreditar una conducta defraudatoria dirigida a obtener un beneficio patrimonial. No obstante, la reducción del umbral y la acumulación de períodos aumentarían significativamente la exposición penal tributaria.

    Subcapitalización — Expediente 25.651

    El proyecto reduciría del 30% al 20% del UAIIDA el límite máximo para deducir gastos financieros netos.

    También eliminaría varias exclusiones actualmente aplicables a intereses derivados de financiamiento otorgado por entidades financieras nacionales o extranjeras supervisadas. Esto podría afectar no solamente préstamos entre compañías relacionadas, sino también financiamiento bancario ordinario.

    Las empresas con altos niveles de deuda, UAIIDA reducido, préstamos intercompañía o financiamiento destinado a expansión o adquisición deberían prestar especial atención a esta iniciativa.

    Si desea evaluar el posible impacto de estos proyectos en su empresa, contáctenos.